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Alarma por aumento de extorsiones: denuncias podrían superar los casos de 2023

  • Foto del escritor: Yoseline Carolina Elias Cifuentes
    Yoseline Carolina Elias Cifuentes
  • 22 oct 2024
  • 3 Min. de lectura

Carolina Elías 202212940


El 2024 ha comenzado con una tendencia preocupante en Guatemala, el aumento de las extorsiones. Las autoridades y organizaciones de la sociedad civil han alertado que de mantenerse el ritmo actual de denuncias este año podría registrar una cifra récord superando los ya alarmantes números de 2023.

Según datos preliminares del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), los primeros meses del año han visto un repunte significativo en los casos reportados, afectando principalmente a comerciantes, transportistas y ciudadanos. Estas extorsiones, perpetradas en su mayoría por estructuras criminales organizadas, continúan siendo una de las principales fuentes de ingresos para las pandillas y otros grupos delictivos en el país.

 

Incremento sostenido de denuncias:

En 2023, las denuncias de extorsión alcanzaron cifras históricas, con más de 15,000 reportes a nivel nacional, lo que representó un aumento del 20% respecto al año anterior. Este año, las denuncias han comenzado a aumentar a un ritmo aún mayor. Según reportes de la Unidad contra el Delito de Extorsión, en los primeros tres meses de 2024 ya se han presentado más de 4,000 denuncias, lo que hace prever que las cifras finales del año podrían superar los registros del 2023.

 

Víctimas y modus operandi:

Las extorsiones afectan a diversos sectores de la población, siendo las más vulnerables las pequeñas y medianas empresas, así como el sector del transporte público. Los dueños de negocios, principalmente comerciantes de mercados y tiendas de barrio, son blancos frecuentes de los extorsionadores, quienes les exigen pagos regulares a cambio de "protección". Aquellos que se niegan a pagar suelen enfrentar amenazas de violencia o incluso ataques físicos.

El sector del transporte público es uno de los más castigados por este fenómeno. Choferes de buses y microbuses denuncian que deben pagar grandes sumas de dinero para evitar ser víctimas de atentados, lo que ha llevado a la paralización temporal de rutas en diversas ocasiones. En algunos casos, las amenazas han sido cumplidas, y choferes y pasajeros han perdido la vida en ataques vinculados a las extorsiones.

Los extorsionadores suelen comunicarse por teléfono o mensajes de texto, exigiendo el pago de sumas que varían según el tipo de negocio y la capacidad económica de la víctima. En los últimos meses, también se ha identificado el uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería para cometer estos delitos, complicando la labor de las autoridades para rastrear y detener a los responsables.

 

Respuesta de las autoridades:

El gobierno ha intensificado las acciones para combatir este flagelo. La PNC, en conjunto con el Ministerio Público, ha desplegado operativos en varias zonas del país para desarticular redes de extorsionadores. A pesar de estos esfuerzos, los resultados han sido limitados, y las capturas no han logrado reducir significativamente el número de casos.

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión ha señalado que una de las mayores dificultades es la falta de denuncias por parte de las víctimas. El miedo a represalias y la desconfianza en las instituciones hacen que muchos prefieran pagar en lugar de acudir a las autoridades. Para contrarrestar esto, el gobierno ha lanzado campañas de concientización, promoviendo la denuncia anónima y garantizando mayor protección a las víctimas.

 

Impacto en la sociedad:

El aumento de las extorsiones no solo afecta la economía de los pequeños empresarios y trabajadores, sino que también genera una atmósfera de inseguridad e incertidumbre en la sociedad guatemalteca. Este delito es uno de los factores que contribuyen a la emigración de muchas familias que buscan escapar de la violencia y la amenaza constante que representan las pandillas.

El impacto económico es considerable, las extorsiones obligan a muchas empresas a cerrar o reducir sus operaciones, generando desempleo y afectando la economía local. Además, el costo de la extorsión muchas veces es trasladado a los consumidores, elevando los precios de bienes y servicios.

 

 

 
 
 

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