El alto costo de recoger la basura

Por Lenin Garrido

En Guatemala, el servicio de recolección de basura se ha convertido en un pilar fundamental para el bienestar de las comunidades, responsable de mantener las calles limpias y seguras, y prevenir así problemas de salud pública. A diario, este sistema de recolección moviliza en promedio 455 camiones recolectores, transportando un estimado de 1,895 toneladas de desechos sólidos hacia el Sitio de Disposición Final. Cada camión recoge en promedio 4.13 toneladas de basura, lo que refleja la magnitud de este esfuerzo colectivo en mantener la ciudad habitable.

Sin embargo, quienes están a cargo de esta tarea esencial se enfrentan cada día a un enemigo mortal e imprevisto: el crimen organizado. Las pandillas, como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, así como otros grupos de extorsionadores, han convertido este servicio en una fuente lucrativa de ingresos mediante extorsiones violentas y sistemáticas. El control implacable que estos grupos ejercen sobre los recolectores de basura ha transformado lo que debería ser una labor de servicio a la comunidad en una lucha diaria por sobrevivir. Bajo esta amenaza, los trabajadores del sector, además de su ardua labor en condiciones a menudo precarias, soportan el peso del terror y la violencia, impuestos por estos grupos criminales que ven en el servicio de recolección una mina de ingresos ilícitos.

El aumento de casos de extorsión en Guatemala es alarmante: según datos del Instituto Nacional de Estadística, se han registrado más de 9,000 casos de extorsión en lo que va del año. La División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) de la Policía Nacional Civil (PNC) es la unidad responsable de combatir la extorsión. Esta división ha trabajado para asesorar a las víctimas y realizar operativos en zonas de cobro, pero los grupos criminales rápidamente se adaptan y cambian sus métodos para eludir la vigilancia. A pesar de los esfuerzos de DIPANDA, el miedo a las represalias es tan fuerte que muchos recolectores prefieren no denunciar.

La falta de recursos y tecnología limita las capacidades de DIPANDA para abordar la magnitud del problema. Según datos oficiales, Guatemala cuenta con uno de los índices de impunidad más altos de América Latina, con un 95.4% de los casos de extorsión sin resolver. Esta cifra resalta la falta de confianza en el sistema judicial y la percepción generalizada de que las autoridades no pueden ofrecer una protección efectiva.

(Fotografía extraída de Prensa Libre)

Erick Bautista, un conductor de camión recolector, describe el tormento constante que viven él y sus colegas. Cada semana, su equipo debe pagar aproximadamente Q650 en efectivo a los extorsionadores para poder seguir operando sin represalias. Estos pagos aumentan en fechas especiales, como Navidad o el inicio del ciclo escolar, cuando se les exige un “bono” adicional. “Si nos atrasamos, vienen a los lugares de trabajo y disparan como advertencia,” relata Bautista, evidenciando el miedo constante con el que operan. En el caso de los recolectores de basura, las amenazas de muerte se han convertido en una trágica realidad para quienes no logran cumplir con las cuotas semanales.

Además, la situación se complica por el hecho de que los camiones recolectores deben pagar extorsiones a múltiples organizaciones. “Cada camión paga a la Mara 18, a la MS-13, y a otro grupo de crimen organizado,” menciona Bautista, explicando que los camiones son marcados con símbolos específicos, como círculos negros o caritas, para indicar que el pago ya se realizó y así evitar duplicación en las extorsiones. Estas marcas son un recordatorio constante de la vulnerabilidad del sector, y una advertencia para otros criminales de que el control en esa zona ya ha sido comprado.

Los pagos exigidos por las pandillas han encarecido el servicio de recolección de basura, y los recolectores no tienen otra opción que trasladar este costo a los usuarios. Sin embargo, al explicar el motivo del aumento de precios, los recolectores suelen recibir reacciones insensibles. “Muchos ciudadanos nos dicen que no les importa si nos matan, mientras sigamos recogiendo la basura,” comenta Bautista, reflejando una falta de empatía generalizada y una desconexión entre el servicio que ofrecen y el peligro que enfrentan.

La falta de conciencia sobre las extorsiones no solo incrementa los costos operativos, sino que también pone en riesgo la estabilidad del servicio de recolección. Sin acciones efectivas para proteger a los trabajadores, el precio seguirá aumentando, y eventualmente, el servicio podría verse interrumpido, afectando la salud pública y la calidad de vida de toda la comunidad.

Para los recolectores de basura, esta es una realidad diaria, que podría volverse insostenible a medida que el costo del servicio se eleva y la presión de las pandillas sigue creciendo. Bautista advierte que cuando el precio de recolección de basura alcance niveles críticos, quizás entonces la comunidad entenderá la magnitud del problema.