Excepciones en los Procesos de Contratación para la Reparación de la Ruta al Pacífico: Normas y Transparencia

Por: Aylin Sazo

En el marco de la declaratoria de urgencia para la reparación de la Ruta al Pacífico, el gobierno de Guatemala ha establecido un conjunto de medidas excepcionales que buscan agilizar los procesos de contratación de bienes y servicios. Este proyecto tiene como objetivo rehabilitar la carretera CA-9 Sur, una arteria vial crucial para el país. Sin embargo, lo que pudo haberse abordado como mantenimiento preventivo terminó requiriendo una intervención mayor y más costosa.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), junto con otras entidades involucradas, ha sido autorizado a omitir los procedimientos tradicionales de licitación y cotización, permitiendo que las contrataciones se realicen de manera más expedita. No obstante, en cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado, las adquisiciones deberán ser publicadas en el portal de Guatecompras para garantizar la transparencia del proceso, pese a la urgencia.

(Imagen extraída de la web)

Una vez que se identifique la necesidad de contratación, los contratos deberán ser aprobados en un plazo máximo de 15 días hábiles. Este límite de tiempo tiene como finalidad eliminar los retrasos administrativos que suelen acompañar los proyectos de infraestructura y asegurar que las obras de rehabilitación inicien lo antes posible.

Los contratos firmados para la rehabilitación de la CA-9 Sur, que conecta la capital con la región costera, no podrán exceder los 150 días calendario, incluidas cualquier prórroga o suspensión. Además, todos los contratos deberán ser aprobados antes del 31 de diciembre de 2024, garantizando que el proyecto se complete dentro del tiempo previsto.

El esfuerzo del gobierno no solo se limitará a la reparación de este tramo, sino que también incluirá medidas para implementar un mantenimiento preventivo en otras carreteras del país que necesiten intervención.

A pesar de la premura en la ejecución del proyecto, la Contraloría General de Cuentas jugará un papel clave en la fiscalización de los procesos de contratación y ejecución presupuestaria. Las instituciones involucradas deberán presentar un informe detallado al Congreso de la República al finalizar las obras, asegurando la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos.

Asimismo, las adquisiciones realizadas bajo esta normativa no interferirán con la liquidación de contratos administrativos previos, como el contrato Número 642-97-DGC, asegurando que la intervención en la Ruta al Pacífico no afecte otros procedimientos legales en curso.

El economista Hugo Maul, comento que "la falta de un plan de mantenimiento preventivo adecuado ha resultado en un gasto innecesario de Q100 millones". Maul explicó que el mantenimiento regular, mediante revisiones periódicas y reparaciones menores, es mucho más económico que esperar a que el deterioro de las carreteras alcance un punto crítico, donde las reparaciones requieren reconstrucciones mayores.

“La falta de mantenimiento preventivo es un problema recurrente en nuestro país. En lugar de ser proactivos, somos reactivos, lo que lleva a estos desembolsos millonarios que podrían haberse evitado”, señaló Maul.

(Imagen extraída de la web)

Según Maul, la adjudicación de Q100 millones para un solo proyecto de reparación tiene implicaciones más amplias, ya que esos recursos se desvían de otros sectores prioritarios, como la educación, la salud y la seguridad. “Este tipo de desembolsos que podrían haberse evitado con un adecuado mantenimiento preventivo afectan la capacidad del Estado para atender otras áreas que también necesitan inversión”, comentó.

Maul también destacó la incertidumbre que genera la falta de planificación en la gestión de la infraestructura vial. “La improvisación en el manejo de las carreteras genera dudas sobre la eficiencia del gasto público. Un enfoque preventivo es fundamental para evitar que los recursos se desvíen a proyectos de emergencia”.