Exiliados por la corrupción.

Por: Rodrigo Hernández.

Durante el gobierno del expresidente de Guatemala Jimmy Morales, se dio inicio a lo que podría llamarse una persecución anticorrupción, limitando y silenciando a medios de comunicación, empresas y funcionarios que apoyaban la lucha contra la corrupción en el país. Tanto fue así que la CICIG tuvo que cesar sus funciones, ya que Morales no renovó el contrato de la comisión, la cual, junto con la entonces fiscal general del Ministerio Público, Thelma Aldana, denunció fondos ilícitos que Morales habría recibido durante su campaña política.

(Imagen extraída de Divergentes)

Este patrón de persecución continuó y creció durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Juan Francisco Sandoval tiene claro y asegura que todo esto comenzó con la salida de la CICIG de Guatemala en 2019.

Desde 2021 hasta la fecha, se ha registrado que al menos 81 personas han salido al exilio por temor a ser detenidas y encarceladas injustamente, como sucedió con Virginia Laparra, Claudia González, José Rubén Zamora, entre otros. En la lista de las personas exiliadas y perseguidas se incluyen jueces, fiscales, periodistas independientes, estudiantes, abogados y activistas.

Thelma Aldana es una de las personas que más repercusión ha tenido tras su salida del país, dado que, durante las investigaciones realizadas en su gestión, se llevó a cabo la captura y encarcelamiento de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, expresidente y exvicepresidenta de Guatemala. En una reciente entrevista, relata cómo han sido estos casi seis años viviendo fuera de su país: “Yo no planeé salir del país. Cuando dejé el cargo en mayo de 2018, me fui a El Salvador debido a una de las cinco amenazas de muerte que tenía. Luego viajé a Estados Unidos para una entrevista en CNN con Fernando del Rincón, y tuve que quedarme allí”, comenta. Además, comparte que, al llegar al país norteamericano, no tenía nada. Una organización política estadounidense le ayudó a alquilar un estudio, y poco a poco más organizaciones de alojamiento político la apoyaron para equipar dicho lugar. Agrega que tiene 30 procesos judiciales del Ministerio Público en su contra, y que las únicas dos personas que podrían defenderla también están exiliadas del país: “Yo regresaría y me enfrentaría a mil procesos, si fuera necesario, si el juez fuera legal”, señala.

(Foto: Extraída de Rigth Livelihood)

Aldana también comparte que la salida de la actual fiscal general Consuelo Porras no solo representa una oportunidad para las personas que están fuera del país, sino un beneficio para toda la nación, en términos de justicia. “Nunca hubo una persona que me hiciera tanto daño como Consuelo Porras. Me arrancó de mis hijos, de mi familia, de mi país, y además me criminalizó. Vivir en el exilio es vivir el día a día, sin futuro”, agrega.

Como Thelma, se pueden mencionar al menos 81 casos de personas que han tenido que salir del país. Pero la verdadera pregunta es: ¿qué está haciendo el gobierno actual para que todas estas personas puedan regresar al país y limpiar su nombre ante la justicia?

Durante su campaña electoral, Bernardo Arévalo prometió rescatar el sistema democrático y judicial de Guatemala. Sin embargo, desde su toma de posesión, se ha enfrentado al complicado sistema legislativo que actualmente rige en el país, y ha sido un verdadero reto lograr la destitución de Porras.

Guatemala atraviesa en este momento un periodo crucial con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. Ojalá esto represente un paso hacia el cambio que la nación necesita desde hace décadas.