La justicia de género en Guatemala: un análisis de equidad legal entre hombres y mujeres

Por Katerin Vásquez

La justicia de un país es primordial para el control de la sociedad, ya que, sin un sistema justo y eficiente, se pueden enfrentar una serie de problemas y desafíos que pueden dañar su estabilidad y desarrollo.

Actualmente, ha surgido una tendencia a analizar qué género biológico posee más privilegios en la sociedad, ya que se propone que existe una desigualdad entre los sexos biológicos, incluso en el área de la justicia.

En el Artículo 4º, Libertad e Igualdad, de la Constitución Política de la República de Guatemala, se señala que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. También enfatiza que el hombre y la mujer, en cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades.

Carlos Molina, abogado constitucionalista, comentó que estas tendencias que han surgido pueden confundir a las personas, ya que muchos desconocen el contenido de la Constitución de Guatemala. Sin embargo, esta es clara en cuanto a la igualdad entre ambos sexos, tanto en derechos como en obligaciones. "La ley no beneficia a un solo sexo".

Guatemala es uno de los países más conservadores de Latinoamérica. Este hecho ha sido tema de diversos debates, ya que existe una gran cantidad de comportamientos y actitudes que violentan injustamente la dignidad de la mujer en comparación con la del varón. Estas prácticas se conocen como "machismo".

Isabel Juárez, quien pertenece a la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia, comentó que ser mujer en Guatemala es difícil. Desde el simple hecho de acceder al sistema de justicia es complicado, ya que muchas mujeres enfrentan limitaciones económicas. La situación se agrava aún más cuando la mujer es indígena, debido a la discriminación que enfrenta la sociedad hacia los pueblos indígenas.

Puede que la Constitución asegure igualdad entre ambos géneros en Guatemala, pero existen casos recientes en los que el sistema de justicia resulta deficiente e incluso discriminatorio. Por ejemplo, el caso de Ana Lucía Gutiérrez, quien ha enfrentado una serie de obstáculos para acceder a la justicia tras ser víctima de violencia de género. A pesar de contar con pruebas y denuncias, su caso ha sido manejado de manera inadecuada, lo que refleja fallos en el sistema judicial.

Otro caso es el de Yolanda Morales, una defensora de derechos humanos que ha recibido amenazas y ataques debido a su trabajo. A pesar de las evidencias de las amenazas y la solicitud de protección, las autoridades han mostrado una respuesta limitada, dejando a Yolanda en una situación de vulnerabilidad constante.

Debemos tener el conocimiento en enfoque de género, porque puede que la Constitución hable de igualdad, pero la sociedad no lo practica. Muchas veces, los protocolos establecidos por la justicia no son los correctos. Esta problemática es una de las más desconocidas, pero la sociedad ignora lo profundo que está afectando a la comunidad”, declaró Isabel Juárez.